· Decepción por penas menores en un delito contra la salud pública

· La justicia choca con la labor administrativa del deporte

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Después de 7 años de espera, hoy era el día en el que el culebrón de la Operación Puerto estaba destinado a ver su fin, al menos de momento. Los ingredientes de este cocktail molotov, nunca mejor dicho, hacían presagiar un final implacable y también esperanzador para el futuro de un deporte limpio y ejemplar; el deporte de los deportistas. EPO, testosterona, anabolizantes, transfusiones, médicos, directores deportivos, futbolistas, tenistas, ciclistas, atletas, deportistas retirados, registros, detenciones, bolsas de sangre, testigos, organismos internacionales…todo mezclado sin orden ni concierto en un proceso legal con un protagonista de excepción: la salud.

Sin entrar en fundamentos jurídicos que no me atrevo a valorar ahora mismo, que la mayor trama de dopaje en España se haya saldado con dos penas menores y una inhabilitación administrativa me provoca un sentimiento de profunda decepción. Además, la Agencia Estatal Antidopaje no podrá abrir expedientes disciplinarios contra los deportistas consumidores del dopaje de Eufemiano y compañía porque la juez ha decidido la destrucción de las pruebas. No habrá traslado de las bolsas de sangre. Una vez más, la justicia deportiva queda ninguneada por la justicia ordinaria y la realidad pone de relieve una gran debilidad de nuestro sistema jurídico: la incapacidad de cooperación entre la jurisdicción penal, administrativa y deportiva.

Tradicionalmente, la justicia ordinaria ha mirado con recelo las decisiones administrativas y disciplinarias de los organismos deportivos competentes. Esta falta de entendimiento, en el concreto ámbito del dopaje, ha dejado a un sujeto particular en una enorme situación de desprotección: el deportista. Los esfuerzos de la propia Agencia Antidopaje, de organismos deportivos tremendamente concienciados y de profesionales independientes que tanta energía, en términos de investigación y formación, gastamos día tras día en esta lucha, se ven de repente abofeteados y pisoteados por decisiones como la que hoy hemos conocido.

Aprovecho para desarrollar esta idea que creo fundamental. Las iniciativas que se están poniendo en marcha en favor de un deporte limpio son cada vez mayores. Los organismos deportivos anuncian cambios muy positivos en la forma de abordar el cruel fenómeno del dopaje en el deporte. Cada vez más, son los propios deportistas profesionales los que abanderan este movimiento moderno de rechazo absoluto al dopaje. Prima su salud y sus valores. Y no sólo esto, que ya es mucho, sino que los patrocinadores se están posicionando del lado de estos deportistas que predican su excelencia, en el sentido más amplio de la palabra. Este mensaje de tolerancia cero no puede verse comprometido por decisiones como la de hoy, que confunde y molesta al deportista respetuoso, haciendo peligrar el cambio positivo que está teniendo lugar en nuestro deporte.

Cabe preguntarnos si esta decisión hubiese tenido lugar hoy, con la Ley de 2006, o con la nueva Ley que tendremos en junio. Me arriesgo a opinar que no. Es duro asumir la gran brecha temporal que existe entre la evolución del dopaje y la legislación, traduciéndose en una falta de herramientas que obstaculizan la persecución de esta lacra, pero que podría haber sido integrada por un mayor compromiso contra el dopaje por parte de los jueces. Pero la justicia ordinaria no ha entendido de dopaje, ni de deporte, sino de salud y leyes, y parece que el atentado contra éstas no ha sido lo suficientemente grave como para justificar penas mayores.

En cualquier caso, abstrayéndonos de esta realidad pasada, debemos ser positivos porque pronto tendremos mejores y más eficaces herramientas legales para luchar contra el dopaje, y entonces, sentencias como la de hoy, no tendrán cabida. Mientras tanto, el compromiso de aquellos que creemos en un deporte limpio no debe verse afectado y mucho menos derrotado, pues esos valores que proclamamos, de respeto y espíritu deportivo, son inamovibles.